España aprueba la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual

Ante los crecientes y continuos casos de feminicidios y violencia sexual contra las mujeres que se da en España cada año, el gobierno español conformado por la coalición entre el Partido Socialista y el grupo parlamentario de izquierdas Unidas Podemos, aprobaron el pasado mes de septiembre de 2022 la nueva Ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, también conocida como “Ley sólo sí, es sí”. 

La ministra de Igualdad responsable de esta ley, Irene Montero, en el debate a las enmiendas a la ley dijo ante el Congreso: “Durante el pasado S. XX nos han contado siempre que el asesinato de mujeres no era más que crímenes pasionales en los que los celos era no sólo la excusa de la violencia machista, sino su mejor aliado”. 

En España, 1.144 mujeres han sido asesinadas por violencia de género desde 2003. Desde el 2013 fueron asesinados 47 menores de edad relacionados con este tipo de violencia, denominada también ‘violencia vicaria’, donde el agresor castiga a las mujeres ejerciendo violencia contra sus hijos. La necesidad urgente de legislar en esta materia viene gracias a la presión social y a la lucha del movimiento feminista que lleva muchos años denunciando la violencia que se ejerce contra las mujeres frente a la impunidad de los violentos. Las noticias de desapariciones o violencia contra las mujeres llegaron a ser algo frecuente en los telediarios españoles.

La gota que colmó el vaso fue la violación grupal de cinco hombres a una joven de 18 años en 2016 durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, en el conocido caso de ‘la manada’. Durante los juicios de este famoso caso, el país entero fue testigo también del machismo institucional ejercido por los jueces y magistrados, quienes entendieron que se trataba de un caso de “abuso sexual” ya que según ellos ‘no hubo ni violencia ni intimidación’. Miles de mujeres indignadas se echaron a la calle para pedir a las autoridades justicia y que se endurezcan los castigos para los violadores. Ante esta fuerte presión social, el Tribunal Supremo tuvo que intervenir y dictaminó que no se trataba sólo de abuso sexual sino de un caso de violación y elevó las penas de 9 a 15 años de prisión. 

La ministra Irene Montero argumentaba así ante la Cámara… “Cuando una mujer es violada… ¿Por qué preferimos contárselo a una amiga antes que a un juez? Porque nuestra propia legislación, ante una agresión sexual cuestiona a la víctima y no al agresor. ¿Te defendiste?, ¿tú que hiciste?, ¿Qué llevabas puesto? ¿Habías bebido o consumido drogas? Porque si te pintaste, llevaste una falda corta, un tanga, si bebiste y dejaste tu copa sola, entonces quizá fuiste tú la que se puso en riesgo”. Esta ley supone un cambio cultural ante la cultura de la violación por la cultura de la libertad, del consentimiento y de la autonomía sexual…de un Estado que se compromete con las víctimas y les garantiza una respuesta adecuada en su búsqueda de asistencia, protección, justicia y reparación, y significa también el fin de la impunidad de las violencias sexuales”.

Con la ley de “sólo sí, es sí” se reconoce que las violencias sexuales son violencias machistas, al igual que el acoso callejero, el acoso sexual, la violencia digital, las redes de explotación sexual, la sumisión química de las mujeres a través de drogas, el exhibicionismo, la mutilación genital, el matrimonio forzado y el feminicidio. Se elimina la distinción entre abuso y agresión sexual, y se pone el consentimiento expreso de las mujeres en el centro de las relaciones para garantizar su libertad sexual y su derecho a una vida libre de violencias.  

Para hacer efectiva la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, el gobierno pone a la disposición de las mujeres centros de crisis 24 horas, atención sanitaria especializada, asistencia jurídica gratuita, ayudas económicas, ayudas a la reinserción laboral y ayudas para conseguir una vivienda de protección social para que las mujeres puedan rehacer sus vidas y ser independientes económicamente. Además, la educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas, así como en las carreras universitarias vinculadas a la docencia, al ámbito sanitario y judicial. 

Países como Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Luxemburgo, Grecia, Islandia, Croacia, Irlanda, Reino Unido o Suecia ya han legislado en este sentido, siguiendo las directrices del Consejo Europeo a través del Convenio de Estambul. Este es un Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.